Los Veintisiete cierran una posición parcial sobre la PAC posterior a 2027, pero el dinero sigue sin decidirse

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea alcanzaron en la noche del lunes 26 de octubre un acuerdo general parcial sobre el reglamento que fijará las condiciones para aplicar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2027. Según la nota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el pacto se cerró por unanimidad de los 27 Estados miembros, pasadas las diez de la noche, tras unas 12 horas de reunión. Es una posición negociadora del Consejo, no una ley: falta aún la negociación con el Parlamento Europeo y, sobre todo, la decisión sobre el presupuesto.

Qué significa «acuerdo parcial»

El texto acordado es la posición del Consejo sobre el reglamento, y deja fuera las cuestiones financieras. El propio Ministerio recuerda que el reglamento debe adoptarse por codecisión con el Parlamento Europeo y que esa negociación empezará en enero de 2027. El dinero depende de otro expediente: el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que deciden los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo, con dos reuniones previstas antes de que acabe el año, según la misma nota. El ministro Luis Planas lo considera determinante para la dotación de la futura PAC.

La nota explica que el acuerdo cubre el segundo y el tercer punto de la propuesta española de julio de 2025: una PAC plenamente europea y flexible, y evitar su renacionalización. La Comisión Europea presentó su propuesta ese mes y, según Planas, dejaba desdibujada la dimensión europea de la política.

Lo que recoge el texto, según el Gobierno

El Ministerio enumera los principales contenidos del acuerdo:

• Reglamento propio para la PAC, con herramientas para los agricultores españoles.
• Apoyo a la renta con orientación social.
• Relevo generacional: ayudas a las nuevas incorporaciones, una dotación inicial y apoyo a las sustituciones.
• Gestión de riesgos y crisis, con condiciones de apoyo definidas.
• Ecorregímenes consolidados, con nuevas denominaciones. La nota indica que en España se aplican en más de 19 millones de hectáreas.
• Ayuda asociada para subsectores ganaderos y agrícolas con dificultades competitivas, y continuidad de las intervenciones sectoriales en el sector hortofrutícola, el vitivinícola y el apícola.
• Inversiones productivas y de adaptación ambiental, incluidas las entidades que transforman y comercializan productos agroalimentarios.
• Zonas rurales y zonas con limitaciones naturales o desventajas específicas.

En el capítulo de cooperativas, el límite máximo de las ayudas se aplica a los socios de las cooperativas y se establece degresividad, es decir, una reducción de las ayudas a partir de cierta cuantía. El texto prevé además bases para una transición suave entre los apoyos actuales y los que se apliquen desde 2028. La nota no da cifras de importes de ayudas ni de presupuesto.

«Un milagro» y una PAC «europea»

En una entrevista en RNE recogida por la agencia EFE, Planas calificó el acuerdo de «milagro», porque cada pacto del Consejo reúne a países con «realidades distintas» y gobiernos de distinto signo político. Valoró que la próxima PAC mantenga su carácter europeo y que sea «más adaptada y ajustada» entre la sostenibilidad y las necesidades de los agricultores. En la nota del Ministerio asegura: «Hemos conseguido mantener la PAC como política europea», y afirma que el reglamento recoge las principales líneas defendidas por España, acordadas con las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias.

La otra lectura: Copa y Cogeca

Las organizaciones europeas de agricultores y cooperativas, Copa y Cogeca, reconocen avances técnicos, pero critican el resultado. Según Agrodigital, valoran los progresos en las definiciones de hectárea admisible y agricultor activo, la diferenciación del apoyo a la renta por superficie, las disposiciones sobre agricultores jubilados y el esfuerzo de la presidencia irlandesa. Entre sus críticas figuran las normas sobre la tierra a disposición del agricultor, el sistema de controles y sanciones, la falta de reconocimiento explícito de las cooperativas en las ayudas a la inversión y las debilidades en la gestión de riesgos. Sostienen que una reforma presentada como simplificación añade complejidad, controles e incertidumbre.

Su reclamación central es presupuestaria. Piden una PAC realmente común, un presupuesto específico y adecuado que conserve su valor tras la inflación y la protección de los recursos prometidos en dos cartas de la presidenta de la Comisión. Atribuyen a la Comisión haber integrado la PAC en un marco financiero más amplio, lo que, dicen, reduce su visibilidad y su previsibilidad.

Las cifras son estimaciones de esas organizaciones, no datos oficiales: un mapa que acompaña su posición cifra la pérdida de cada Estado miembro con la propuesta de la Comisión, comparando la asignación nacional de 2021-2027 con la prevista para 2028-2034. Según ese mapa, España perdería 9.900 millones de euros, por detrás de Francia (15.400 millones) y Alemania (10.100 millones) y por delante de Italia (9.400 millones). Hablan además de recortes de entre el 19-20 % y más del 25 %, según el país. Piden al Parlamento Europeo que corrija la propuesta de la Comisión.

Lectura de TodoWeb: qué se ha decidido y qué no

Esta es una lectura de este medio, no un hecho acreditado. El acuerdo del lunes resuelve una parte del diseño, la de las reglas, y aplaza la que más condiciona su alcance, la de los fondos. El Gobierno destaca lo conseguido en el primer terreno; las organizaciones agrarias, lo que falta en el segundo. Ambas lecturas pueden ser compatibles: que el reglamento mantenga una PAC común no garantiza por sí solo que el presupuesto que la sostenga sea el que reclaman los agricultores.

Quedan por ver dos fechas: las reuniones del Consejo Europeo sobre el marco financiero antes de fin de año y el inicio, en enero de 2027, de la negociación con el Parlamento Europeo.

Más sobre el sector en Alimentación. Sobre otra decisión de Agricultura en esta fase, puede leerse también el plan contra el desperdicio alimentario que sale a consulta.