El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sometido a información pública el borrador del Plan Estratégico de Prevención y Reducción de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario 2026-2030, el documento que debe ordenar durante cuatro años la política estatal contra el desperdicio de comida. Cualquier persona, organización o asociación puede enviar observaciones hasta el 24 de noviembre de 2026.

El ministerio anunció el trámite en una nota de prensa del 23 de octubre. La página de participación pública precisa que el plazo para enviar observaciones comienza el 26 de octubre y termina el 24 de noviembre, ambos días incluidos.

Por qué existe este plan

El plan no es una iniciativa aislada. Lo exige el artículo 17 de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que obliga a las administraciones a elaborar instrumentos de planificación. Según esa norma, el plan estatal debe contener la estrategia general, las orientaciones y la estructura a la que se ajustarán los programas de las comunidades autónomas, y unos objetivos mínimos de prevención y reducción.

La ley ya impone obligaciones directas a las empresas de la cadena alimentaria. Su artículo 5 fija un orden de prioridades: primero, prevenir; después, donar lo que siga siendo apto para el consumo humano; luego, destinarlo a alimentación animal o a otras industrias, y, en última instancia, reciclarlo o valorizarlo energéticamente como residuo. El artículo 6 exige a los agentes de la cadena disponer de un plan de prevención y promover acuerdos de donación, con algunas exclusiones: las microempresas y los establecimientos de hasta 1.300 metros cuadrados, salvo que los de un mismo NIF superen juntos esa superficie. En bares y restaurantes, el artículo 8 permite a la clientela llevarse lo que no haya consumido sin coste adicional, salvo en los bufés libres.

El plan estratégico se mueve en otro plano: no añade obligaciones para un supermercado o una cocina, sino que fija qué deben hacer las administraciones y cómo se coordinarán.

De dónde parte España

El borrador toma como punto de partida los datos de Eurostat de 2023: según recoge el documento, en España se desperdiciaron de media 65 kilos de alimentos por habitante, frente a unos 130 kilos de media en la Unión Europea. La serie de Eurostat ya incluye datos de 2024, con una media europea de 129 kilos por persona y año. Los hogares concentran el 53 % de ese total en el conjunto de la UE, muy por delante de la fabricación, la restauración o la venta minorista.

Esa distribución explica que buena parte de las medidas del plan se dirijan a la ciudadanía y no solo a la industria.

Las metas y las medidas

El borrador del plan toma como referencia dos metas cuantificadas, ambas medidas frente a la media anual de residuos alimentarios generados entre 2021 y 2023:

  • Reducir un 10 % los residuos alimentarios en la transformación y la fabricación.
  • Reducir un 30 % los residuos alimentarios por habitante en el conjunto de la venta minorista y otra distribución, los restaurantes y servicios de restauración y los hogares.

Para llegar ahí, el documento define tres objetivos específicos: sensibilización, generación de conocimiento y cuantificación, y regulación. Las medidas se reparten en dos etapas bienales, 2026-2028 y 2028-2030.

En la primera etapa figuran campañas para reducir el desperdicio en los hogares, guías para todas las fases de la cadena, la cuantificación del desperdicio dentro y fuera de casa, y el desarrollo del Plan Nacional de Control, que fijará los objetivos y las prioridades de las tareas de control. La segunda etapa repite buena parte de esas líneas y añade tres novedades: incluir la prevención del desperdicio en los programas de alimentación escolar, incentivar prácticas de compra y consumo responsable en comercios y hostelería, y promover instrumentos de fomento y control de la reducción del desperdicio, incluido el marcado de fechas.

El seguimiento se hará con cinco indicadores, entre ellos el volumen de desperdicio por habitante, el número y el presupuesto de las campañas de sensibilización y el volumen de residuos alimentarios a lo largo de la cadena.

El papel de las comunidades autónomas

Las comunidades autónomas tendrán que aprobar sus propios programas. El borrador les pide un análisis actualizado de la situación en su territorio, objetivos coherentes con el plan estatal, medidas concretas, referencias para medir el progreso y una explicación de los objetivos no alcanzados en el periodo anterior. Esos programas deberán elaborarse con participación, como mínimo, de las organizaciones más representativas del sector agroalimentario y de las entidades por el derecho a la alimentación.

Según la nota del ministerio, las comunidades serán también las encargadas de controlar la aplicación de la ley en su territorio, y el Plan Nacional de Control se revisará al menos cada cuatro años. Según la ley y el borrador, las entidades locales, solas o agrupadas, podrán aprobar programas propios, coordinados con el estatal y el autonómico.

Cómo enviar observaciones

La participación se hace por correo electrónico. El ministerio ofrece en su página un cuadro de observaciones que debe rellenarse y enviarse al buzón bzn-plandesperdicio@mapa.es antes de que termine el 24 de noviembre. En la misma página pueden descargarse el borrador completo y la plantilla. La cobertura sectorial, como la de Agrodigital, recoge el mismo plazo.

Qué queda por saber

Lectura de TodoWeb. El borrador es más preciso en la arquitectura que en los compromisos. Fija metas porcentuales y un calendario, pero parte de sus medidas se formulan como «promover», «fomentar» o «incentivar», y el texto publicado no asigna presupuesto ni cifras de cumplimiento por etapa a cada indicador. La consulta es precisamente el momento en el que empresas, organizaciones de consumidores y bancos de alimentos pueden pedir que esas líneas se concreten. Otra incógnita es el ritmo autonómico: buena parte del plan depende de programas que cada comunidad todavía tiene que redactar.

Para seguir la actualidad del sector, consulta la sección de Alimentación. Sobre los costes que soportan los productores, puedes leer también por qué el aceite ronda los tres euros en origen aunque producirlo cueste más.

Fuentes

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