Telefónica dejaría de ser el operador obligado del servicio universal desde 2027, según un proyecto del Ministerio

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha preparado una orden que pondría fin a una figura que existe en España desde hace casi tres décadas: la del operador obligado a garantizar teléfono fijo e internet a cualquier ciudadano. Según el proyecto, Telefónica de España dejaría de tener esa obligación el 1 de enero de 2027. Se trata de un borrador, no de una norma aprobada, y conviene separar bien qué dice cada texto.

Qué es el servicio universal

El proyecto de orden recuerda, citando la Ley General de Telecomunicaciones de 2022, que el servicio universal es el conjunto de servicios cuya prestación se garantiza a todos los consumidores con independencia de dónde vivan, con una calidad determinada y a un precio asequible. Hoy lo integran dos elementos: el acceso a internet de banda ancha desde una ubicación fija y las comunicaciones de voz desde una ubicación fija.

Hasta el 31 de diciembre de 2026 los presta Telefónica de España, designada por una orden de 29 de enero de 2025. El Ministerio justifica ahora que no habrá nueva designación porque, a su juicio, esos servicios quedan «garantizados por las circunstancias normales de explotación comercial».

Qué dice el borrador de la orden

El texto fundamenta la decisión en el artículo 35.6 de la Ley General de Telecomunicaciones, que permite al Ministerio, previo informe de la CNMC y audiencia a los interesados, declarar el cese de la obligación cuando el servicio se presta en competencia en condiciones similares. El borrador sostiene que en España «se ha alcanzado un excelente nivel de cobertura» de fibra óptica y de redes móviles 5G, y que la fibra, el cable, el acceso fijo por radio y el satélite permiten constatar la universalización de las redes de muy alta capacidad.

La consecuencia, según el propio documento, es que «ya no existirá un único operador u operadores designados para la prestación de los servicios integrantes del servicio universal de telecomunicaciones». En su lugar, todos los operadores tendrán la responsabilidad de ofrecerlos, cada uno dentro del ámbito de cobertura en el que preste servicio. El Ministerio presenta esto como un refuerzo de la capacidad del usuario para elegir operador.

El borrador incluye una excepción. Telefónica de España tendría que seguir aplicando el abono social de voz fija a los jubilados y pensionistas con renta familiar baja que ya sean beneficiarios, en los términos de los acuerdos de 2007 y 2010 que el texto cita. El objetivo declarado es mantener la asequibilidad que ya disfrutan.

Según Xataka Móvil, el proyecto es del 5 de octubre; según Genbeta, salió a audiencia el 7.

El otro texto: el reglamento del servicio universal

La orden no se entiende sin un segundo documento: el proyecto de Real Decreto que aprueba un nuevo reglamento del servicio universal, sometido a audiencia pública el 22 de abril de 2026. Es ese reglamento, y no la orden, el que fija las condiciones del servicio. Entre ellas, según el proyecto:

• Una velocidad mínima de 100 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, frente a los 10 Mbps actuales. El Ministerio afirma en el texto que España sería el primer país de Europa en ofrecer esa velocidad dentro del servicio universal.
• Una latencia media total máxima de 690 milisegundos.
• La obligación de ofrecer la funcionalidad de texto en tiempo real (RTT), pensada para personas con dificultades auditivas o del habla.
• Para quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital, un abono social con una rebaja de al menos el 25 % sobre el precio comercial, tanto en la cuota de alta como en la mensual.

Según Genbeta, particulares, microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro podrían exigir ese servicio si el reglamento prospera tal cual.

El informe de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informó favorablemente el proyecto de reglamento. Valoró de forma positiva el aumento de la velocidad mínima de 10 a 100 Mbps. Consideró también coherente con el enfoque europeo que se contemple no designar un operador cuando el mercado ya garantiza el servicio.

Con todo, pidió más claridad. Recomienda concretar cómo se aplicaría ese modelo y señala que pueden surgir dudas cuando prestar el servicio implique costes elevados o inversiones adicionales. Para esos casos propone valorar mecanismos complementarios, como ayudas públicas o instrumentos de apoyo a la demanda. Plantea además reforzar la regulación de las tarifas sociales.

Lo que todavía no está hecho

Hay dos cautelas. La primera: ni la orden ni el reglamento figuran como aprobados en las fuentes consultadas. El borrador de la orden prevé su publicación en el BOE y deja en blanco, con marcas «xxx», el número del Real Decreto y la fecha y el número del informe de la CNMC sobre el cese, señal de que es un texto de trabajo. La segunda: el borrador se apoya en el reglamento, que sigue en tramitación según Genbeta.

Las fuentes leídas no precisan cuándo se aprobarán los textos definitivos, ni si habrá cambios tras las alegaciones.

Lectura de TodoWeb

Lo que sigue es una interpretación de este medio, no un hecho acreditado. El borrador traslada la garantía del servicio de un operador concreto al conjunto del mercado y la apoya en la cobertura de fibra y 5G. Esa premisa es la que más pesa, y es el Ministerio quien la da por constatada; la CNMC no cuestiona el modelo, pero pide precisar su aplicación donde dar servicio resulte caro. Es en esos casos donde se verá si una obligación repartida funciona. Para el usuario, las fuentes no describen un cambio inmediato: lo concreto es el 1 de enero de 2027 como fecha prevista del cese y el mantenimiento del abono social a los actuales beneficiarios.

TodoWeb ya explicó la compra del 10 % de OGA por parte de Telefónica, un asunto distinto de este. Más análisis de telecomunicaciones y tecnología, en la sección de Tecnología.