Más de diez años después de los primeros registros, el caso 3 % llega a juicio. La Audiencia Nacional empieza a juzgar este lunes 16 de noviembre, a las 10:00, a 17 acusados de una de las piezas derivadas de la investigación: la que se ocupa de un presunto pacto de empresas de ingeniería para repartirse contratos de infraestructuras de la Generalitat de Cataluña entre 2008 y 2015.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los procesados de organización criminal, fraude a las administraciones públicas y prevaricación, y pide para ellos penas de entre 6 años y 3 meses y 8 años y 9 meses de prisión, según el acusado. Todos tienen derecho a la presunción de inocencia mientras no haya sentencia.

Qué se juzga

Según el escrito de la Fiscalía recogido por EFE y Crónica Global, un grupo de ingenierías se habría puesto de acuerdo en los precios para quedarse con contratos públicos. El supuesto acuerdo se coordinaba desde la asociación del sector Asinca, y en los medios se conoce como el cártel «Núria Bofill».

La acusación sitúa en el centro a la empresa pública GISA, hoy Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, que según la Fiscalía fue la principal perjudicada. Entre los acusados están quien era su presidente y su director general, a los que el fiscal atribuye la dirección del proceso de adjudicación en connivencia con las empresas. Del resto, la mayoría eran directivos de ingenierías.

La Fiscalía concreta nueve expedientes adjudicados por 5.585.325 euros. Además de GISA, afectaron a la Agencia Catalana del Agua, Aigües del Ter Llobregat, Regs de Catalunya, Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, Tabasa, el Consorci d’Aigües de Tarragona, el Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles y el Ayuntamiento de Barcelona. Entre los proyectos figuran un estudio para prolongar la línea Llobregat-Anoia de FGC, obras en la línea de Sabadell, la ampliación del metro de Barcelona y carreteras en Girona, Tarragona y Manresa.

Un caso que empezó en Torredembarra

La investigación arrancó con una denuncia por contratos públicos en Torredembarra (Tarragona). En julio de 2015 aparecieron en la constructora Teyco anotaciones sobre supuestas comisiones. Después, la Guardia Civil registró la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de su fundación, CatDem, y en octubre de 2015 detuvo, entre otros, al tesorero del partido y al director general de GISA, según Crónica Global. La instrucción se ha alargado más de una década, y las defensas prevén alegar dilaciones indebidas, un argumento que puede rebajar las penas si el tribunal lo acepta.

Esta es la primera pieza que se juzga. Otras ramas del caso, como la que afecta a extesoreros de CDC y del PDeCAT, siguen su propio camino judicial.

El juicio coincide con la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque esta pieza se centra en adjudicaciones y no juzga a ningún partido. Más información en Actualidad.

Qué falta por saber

Ninguna de las fuentes consultadas indica cuánto durará la vista oral ni cuándo se conocerá la sentencia. Tampoco se sabe aún qué declararán los principales acusados ni si alguno alcanzará un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Lectura de TodoWeb

Este apartado es una lectura de TodoWeb, no un hecho acreditado. El nombre «caso 3 %» remite a supuestas comisiones a un partido, pero lo que se juzga ahora es otra cosa: un presunto reparto de contratos entre empresas con la complicidad de directivos públicos. Que hayan pasado más de diez años desde los registros es, en sí mismo, parte de la noticia: el retraso puede pesar en las penas y pone en cuestión la capacidad de la justicia para resolver a tiempo los casos de corrupción complejos.

Fuentes

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